España tendrá un importante protagonismo en el XX Foro Iberoamericano de Sistemas de Garantía y Financiamiento, que se celebra en Lima durante estos días. Hasta la capital peruana vamos a acercar la visión académica y profesional sobre un sector que mira al futuro y que, hoy más que nunca, sirve para cubrir fallas de un mercado financiero al que complementamos a la perfección, pero con el que podemos trabajar mucho más. Las sociedades de garantía recíproca (SGR) españolas somos una fuente de financiación solvente, capaz de adaptarse a las verdaderas necesidades de las pymes y de los autónomos.

Necesitamos un cambio de modelo en la financiación a las pymes en el que las SGR ganen peso, para que se faciliten créditos en mejores condiciones para quienes emprenden. Así lo creo, pero no soy el único. También se expresa en este sentido la reciente encuesta elaborada por la Cámara de Comercio de España sobre la estrategia de fortalecimiento de la industria española, que sitúa en esa carencia de soluciones al crédito una de las principales preocupaciones de los empresarios, también en este periodo de clara recuperación. El sector de garantías supone una oportunidad real para el fortalecimiento de las empresas y para la mejora de su competitividad. Ese sector de las garantías al que represento, integrado por una veintena de sociedades (SGR) de toda España, se halla agrupado en SGR-CESGAR, la organización nacional que me honro en presidir desde hace justamente un año.

Son miles las empresas -pymes, micropymes y autónomos, sobre todo- que se ponen en marcha cada año, o que afrontan un nuevo plan de expansión, gracias a los préstamos que logran a través de una SGR de su comunidad. Y son cientos de miles los puestos de trabajo que se mantienen, o que se crean, como consecuencia del acceso a dichos créditos de inversión.

Hay numerosos ejemplos de compañías, algunas de ellas muy conocidas en el mercado, que han recuperado su viabilidad -o han mejorado su capacidad competitiva- después de esta severa crisis, porque han sabido plantear un proyecto adecuado y han recibido los recursos necesarios, a un coste y con unos plazos de amortización razonados y razonables.

Éstas son, en definitiva, las grandes ventajas que aporta el sistema nacional de garantías como fuente de financiación para la empresa, gracias al alto sentido solidario de los socios partícipes, al apoyo de la Administración y de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA):

Primero, una SGR, a la hora de analizar una operación, pondera la viabilidad del proyecto por encima de la capacidad financiera del inversor, en la seguridad de que podrá afrontar la devolución del crédito sin problemas si se fijan unos costes y unos plazos adecuados.

Segundo, el coste por intereses se sitúa entre 1,3 y 2,3 puntos por debajo de la media del mercado, incluso en los últimos meses, en los que efectivamente se ha reducido esta variable para la mayoría de las empresas, si bien se mantiene como una barrera de acceso a la financiación para las empresas de más reducida dimensión.

Y tercero, el plazo medio de amortización fue, en 2014, de 82 meses (casi siete años). Y para seis de cada diez empresas, este plazo se ha situado por encima de los ocho años.

Nuestra propia experiencia en la actividad nos permite afirmar, en sintonía con la mayoría de los analistas, que el ejercicio 2014 ha supuesto para las SGR el punto de inflexión. En el contexto de la recuperación general de la economía española, durante el ejercicio pasado giraron los indicadores, que pasaron de reflejar signos negativos a anotar tasas de crecimiento.

Y ya se puede afirmar que, según los datos correspondientes al primer semestre de 2015, las SGR crecen en conjunto con fuerza. Mientras la cifra del riesgo vivo (créditos pendientes de amortización) se mantiene al alza, durante los seis primeros meses del ejercicio se superaron los 8.600 avales formalizados, por un importe de casi quinientos millones de euros, un 17% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Actualmente son más de 117.700 las empresas que participan en el sistema nacional de garantías, cuya inversión inducida histórica en el tejido empresarial supera los 38.000 millones de euros, contribuyendo a sostener más de 650.000 empleos.

Con estos datos creo que podemos afrontar con moderado optimismo los objetivos que establecimos hace ahora un año en nuestro plan estratégico de desarrollo, en el que nos fijamos el objetivo de incorporar 25.000 empresas anuales más en 2015 y 2016.

Ello contribuirá, sin duda, al fortalecimiento del sistema de garantías español, llamado a consolidarse como una de las principales fuentes de financiación empresarial, no alternativa, sino como complemento a la bancaria.


fuente:http://www.eleconomista.es/

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